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Entendiendo las reglas del juego: Ley Federal y su impacto local
La seguridad y el orden en nuestras calles son esenciales para la vida diaria y el desarrollo de nuestras comunidades. En México, la responsabilidad de regular el tránsito es una tarea compartida entre la federación, los estados y los municipios. Entender dónde empieza la autoridad de uno y termina la de otro no es un simple detalle legal; es una necesidad para millones de personas. Como ciudadano, seguro te ha pasado: vas por una avenida principal y de repente ves una patrulla de la Guardia Nacional en lugar de la policía de tránsito local. Esto se debe a que muchas de las vías más importantes que cruzan nuestras ciudades son, en realidad, carreteras federales. Aunque tu municipio es el primer responsable del tránsito en su territorio, esta facultad se topa con las reglas federales, creando un escenario donde la coordinación es obligatoria.
La 'biblia' para las carreteras más importantes del país es el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal. Este es el documento que aplica la Guardia Nacional, División Carreteras, y establece las reglas para todos: desde los límites de velocidad hasta las dimensiones permitidas para los tráileres. A diferencia de los reglamentos municipales, que cambian de un ayuntamiento a otro, este reglamento es el mismo en todo México para las vías federales. Esto significa que, aunque una carretera federal parta tu ciudad en dos, las reglas sobre ese asfalto no las pone el cabildo municipal, sino el gobierno federal. Créeme, esta dualidad es una fuente constante de retos y, a veces, de conflictos para la administración pública local.
Para poner orden y modernizar las cosas, en 2022 se publicó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta ley es un parteaguas porque es obligatoria para todos los niveles de gobierno y pone en primer lugar la seguridad de peatones y ciclistas. En la práctica, funciona como una ley marco que, sin quitarle a los municipios su poder para regular el tránsito, sí los obliga a seguir ciertos lineamientos nacionales. Por ejemplo, establece límites de velocidad máximos en zonas urbanas que todos los ayuntamientos deben respetar en sus propios reglamentos locales de tránsito. Para cualquier alcalde o regidor, el desafío actual es adaptar sus normativas locales a esta nueva ley, asegurándose de que su comunidad esté alineada con las mejores prácticas de seguridad vial del país.
Es muy común escuchar la pregunta sobre si hay un reglamento de tránsito federal 2024 nuevo. La realidad es que la normativa federal no se cambia por completo cada año. Lo que tenemos es el reglamento de carreteras y puentes que sigue vigente, pero se va actualizando con reformas. Hoy en día, hablar de la regulación federal es hablar de ese reglamento, pero interpretado bajo la luz de la nueva Ley General de Movilidad. Los esfuerzos actuales se centran en implementar bien esa ley en todo el país. Para los gobiernos locales, esto significa seguir trabajando en actualizar sus reglas y en capacitar a sus policías para que conozcan y apliquen tanto las normas municipales como los principios de la ley general, sobre todo en esas zonas grises donde la jurisdicción local y federal se encuentran.
Un referente histórico que no podemos ignorar es el reglamento de tránsito del antiguo Distrito Federal (hoy Ciudad de México). Durante años, fue el modelo a seguir para tu municipio por lo detallado que era. Fue pionero en temas como derechos del peatón, circulación de motos y las primeras ciclovías. Aunque solo aplica en la capital, su influencia se nota en muchos reglamentos municipales que tomaron 'prestadas' algunas de sus ideas. Si comparamos el reglamento de carreteras federales con el de la CDMX, vemos las dos caras de la moneda en México: uno enfocado en el flujo rápido entre ciudades y el otro en la convivencia compleja dentro de una urbe. Para cualquier funcionario municipal, estudiar ambos documentos ofrece lecciones valiosas para adaptar las mejores soluciones a su propia realidad, siempre dentro del gran paraguas que hoy es la Ley General.
La autonomía de tu municipio frente a las leyes federales
El corazón del gobierno local en México es el famoso Artículo 115 de la Constitución. Este es el que le da a cada municipio la autonomía para manejar sus propios asuntos y servicios, y uno de los más importantes es el tránsito. Para que nos entendamos, la Constitución le da a tu ayuntamiento la 'chamba' de encargarse de la seguridad pública y el tránsito en su territorio. Por eso, cada uno de los más de 2,400 municipios del país puede crear su propio reglamento de tránsito municipal, hecho a la medida de sus necesidades. Sin esta autonomía, sería imposible manejar la vida diaria de una ciudad, desde poner una zona peatonal en el centro hasta definir dónde pueden estacionarse los camiones de carga. Los alcaldes y los cabildos son los responsables directos de ejercer este poder municipal.
Pero como en todo, esta autonomía tiene límites. El principal problema surge cuando una carretera federal atraviesa la mancha urbana. De repente, una avenida que todos sentimos como local, legalmente pertenece a la federación. Y ahí viene la pregunta del millón: ¿quién te puede multar ahí? ¿El policía municipal o la Guardia Nacional? Por regla general, la jurisdicción sobre la cinta asfáltica es federal. Sin embargo, en la práctica, esto sería un caos. Por eso, lo más común y sensato es que se firmen convenios de colaboración. En mi experiencia, he visto cómo estos acuerdos entre el gobierno federal y los ayuntamientos son vitales. A través de ellos, se puede delegar la vigilancia a la policía local en ciertos tramos o establecer protocolos conjuntos para atender accidentes. Esto demuestra que un buen gobierno no solo depende de leyes claras, sino de la voluntad para cooperar.
Crear o actualizar un reglamento de tránsito municipal es un ejercicio que debe involucrar a toda la comunidad y al ayuntamiento. La propuesta puede venir del alcalde, de los regidores o incluso de los ciudadanos. Luego, el Cabildo la discute y la aprueba. Aquí, los regidores tienen una gran responsabilidad: deben asegurarse de que el nuevo reglamento no solo solucione problemas locales, sino que también respete las leyes estatales y, por supuesto, la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Si un reglamento municipal contradice una ley federal, puede ser invalidado legalmente. Por eso es clave que sea claro, justo y esté bien alineado con la normativa nacional, para evitar confusiones y posibles actos de corrupción.
Al hablar de estos retos, es inevitable volver a mencionar como referencia el reglamento de tránsito del Distrito Federal. La Ciudad de México siempre ha sido un laboratorio de soluciones para problemas de movilidad a gran escala. Temas como los parquímetros, las primeras pruebas de alcoholímetro (el famoso 'torito'), o la integración del transporte público, se consolidaron primero ahí antes de llegar a otros municipios. Estudiar lo que se hizo en la capital puede darle a los alcaldes y a sus equipos buenas ideas. Sin embargo, he visto que el error más común es querer copiar y pegar. La clave del éxito está en la adaptación inteligente: tomar lo bueno y ajustarlo a la realidad, al presupuesto y a la cultura vial de cada lugar. El reglamento debe ser un traje a la medida.
Mirando al futuro, el gran reto para los municipios es mantenerse actualizados. El mundo no se detiene: hoy hablamos de regular monopatines eléctricos, de integrar servicios de transporte por aplicación como Uber o Didi, y de crear zonas de bajas emisiones. Son temas que hace diez años ni siquiera estaban en la agenda. Los ayuntamientos deben ser ágiles para incorporar estas nuevas realidades en sus reglamentos. Esto exige que alcaldes y regidores se capaciten constantemente, busquen asesoría técnica y dialoguen con la ciudadanía. Se trata de que la autonomía municipal para innovar y proteger a la gente, no para quedarse atrás.
El futuro del tránsito: Coordinación, infraestructura y buena gobernanza
Una buena gestión del tránsito va mucho más allá de tener un reglamento bonito. Se demuestra en el día a día: en el estado de las calles, en la operación de los semáforos y, sobre todo, en la capacidad del gobierno municipal coordinado con otras autoridades. El alcalde, como cabeza del ayuntamiento, es quien debe liderar una visión clara de la movilidad que todos queremos: segura, fluida e incluyente. Esta visión debe ser apoyada por los regidores, quienes desde sus comisiones supervisan y asignan el presupuesto para que las cosas sucedan. La infraestructura —calles, banquetas, puentes, señales— es el campo de juego donde se aplican las reglas. Su mantenimiento es responsabilidad municipal del predial, pero su éxito depende de cómo se conecte con las carreteras estatales y federales. Un reto que veo en muchos municipios, sobre todo en los más pequeños, es la falta de recursos y de personal técnico para gestionar bien los accesos a las carreteras federales, que suelen ser puntos de mucho tráfico y riesgo.
La nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial obliga a los municipios a dejar de verse como islas y a actuar como parte de un gran sistema nacional. Esto se traduce en una colaboración real y formal con la Guardia Nacional. He sido testigo de cómo los operativos conjuntos para prevenir robos en carretera, la atención coordinada de accidentes en los límites municipales o el simple intercambio de información pueden hacer una diferencia enorme. Aquí también entra la figura del síndico municipal, que es el 'abogado' del ayuntamiento y quien debe defender los intereses del municipio si hay alguna disputa legal. Una buena gobernanza significa que todos los funcionarios, desde el alcalde hasta el policía de tránsito, conozcan no solo su reglamento local, sino también el federal, para actuar siempre correctamente y fomentar la cooperación.
La infraestructura es, quizás, el nudo más difícil de desatar. Muchas carreteras federales se construyeron hace décadas, cuando las ciudades eran más pequeñas. Hoy, el crecimiento urbano las ha absorbido y se han convertido en las avenidas principales de muchas colonias. El problema es que, aunque funcionen como calles locales, legalmente siguen siendo federales. Esto crea situaciones frustrantes: los vecinos piden a gritos un semáforo, un puente peatonal o un tope para la seguridad de sus hijos, pero el ayuntamiento no puede instalarlo sin el permiso de la federación, y esos trámites pueden ser eternos. Los alcaldes y sus directores de obras públicas deben ser gestores incansables ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para lograr estas mejoras. La planeación urbana es clave: hay que diseñar desde el principio soluciones como vías laterales o cruces seguros.
El futuro de la regulación del tránsito apunta hacia la tecnología, la sostenibilidad y la inclusión. Los municipios más avanzados ya están trabajando en ello. Hablamos de semáforos inteligentes que se sincronizan solos para agilizar el tráfico, aplicaciones para pagar multas desde el celular, y sobre todo, la promoción de la bicicleta y la caminata con ciclovías y banquetas dignas. Estas ideas, que en su momento impulsó el reglamento de la Ciudad de México, hoy tienen un fuerte respaldo en la ley general. Para un alcalde o un regidor, invertir en estos proyectos no es un gasto, es una inversión en la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de su gente. Un recurso muy valioso para esto es el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), que ofrece guías y capacitación para los gobiernos locales en su portal gob.mx/inafed.
En conclusión, el tema del tránsito federal y municipal es un reflejo de los grandes desafíos de nuestro país. La clave para tener calles y carreteras seguras está en el equilibrio: respetar la autonomía de los municipios, pero cumpliendo con un marco nacional. La Ley General de Movilidad y el reglamento de carreteras federales ponen las reglas del juego. La tarea de las autoridades locales es dominar estas reglas, dialogar y coordinarse. La discusión no debe ser una pelea por ver quién tiene más poder, sino una colaboración para servir mejor al ciudadano. Analizar lo que han hecho otros puede dar ideas, pero la verdadera solución está en la capacidad de cada municipio para modernizar su propia gestión de adeudo de agua y construir comunidades más seguras y prósperas para todos.
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