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Movernos por nuestras ciudades de forma segura es un derecho, no un lujo. En México, donde la vida bulle en los centros urbanos, organizar el tránsito se ha vuelto una tarea titánica para los gobiernos. Por eso, la reciente Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) es un parteaguas. Publicada en mayo de 2022, esta ley no es un papel más; es el mandato constitucional que nos da a todos el derecho a una movilidad segura, accesible y sostenible. Lo más importante es que ahora pone tareas claras a los estados y, sobre todo, a los municipios, que deben adaptar sus normativas viales a esta nueva realidad.

En mis años de experiencia en la administración pública, he visto cómo la falta de coordinación creaba un caos. Cada municipio con su propio reglamento, a veces contradictorio con el del vecino, ponía en riesgo a todos. ¡Eso se acabó! La nueva ley obliga a los ayuntamientos a pensar diferente y a poner en el centro a la gente. ¿Qué significa esto? Que ahora la prioridad la tienen los peatones (en especial personas con discapacidad), luego los ciclistas, los usuarios del transporte público y, al final, los coches y camiones. Este cambio de mentalidad exige rediseñar nuestras calles y la forma en que planeamos nuestras ciudades desde el nivel local.

La chamba de crear estas nuevas reglas viales recae directamente en el ayuntamiento, con el alcalde o alcaldesa al frente y el apoyo de síndicos y regidores. Como máxima autoridad municipal, el alcalde tiene la responsabilidad de ordenar el tránsito. Las Comisiones de Movilidad en los cabildos son ahora el corazón donde se debate y diseña el nuevo reglamento. Aquí es donde se debe poner sobre la mesa la realidad de cada municipio: cuánta gente vive, cómo están las calles, dónde ocurren más accidentes, cómo se mueve la economía local. Un buen reglamento no es un 'copia y pega'; es un traje hecho a la medida, basado en datos y en las necesidades de su gente.

Este nuevo ordenamiento debe incluir puntos que ya no son negociables, como la prohibición de manejar bajo los efectos del alcohol, límites de velocidad más estrictos (30 km/h en calles secundarias y zonas escolares, 50 km/h en avenidas), no usar el celular al volante, y la obligación de usar cinturón, sillas para niños y casco para motociclistas. Cada uno de estos puntos debe estar claro en la normativa municipal, con sus respectivas sanciones. El trabajo de los regidores no termina al aprobar el reglamento; deben vigilar que se cumpla, que no sea letra muerta. La ley busca precisamente que todos los municipios, aunque con sus particularidades, sigan los mismos principios de seguridad.

Claro que este cambio no es sencillo. Modernizar banquetas, capacitar a los agentes de tránsito y hacer campañas de cultura vial cuesta dinero. Los municipios más pequeños batallan con presupuestos ajustados. Por eso es vital que se coordinen con los gobiernos estatal y federal para bajar recursos de programas de apoyo. Además, siempre hay resistencia al cambio. Hay que saber comunicar y gestionar el descontento de quienes estaban acostumbrados al viejo modelo. La clave del éxito, y lo he visto funcionar, es involucrar a todos en el proceso: organizaciones civiles, urbanistas y, lo más importante, a los ciudadanos. Un reglamento que se construye entre todos es un reglamento que la gente respeta y defiende, porque al final, se trata de salvar vidas y mejorar nuestro día a día.

Ciclovía y paso peatonal recién pintados en una avenida de un municipio de México, demostrando la nueva infraestructura vial

Más Allá del Reglamento: Calles, Tecnología y Tu Voz

Tener un nuevo reglamento de tránsito aprobado en el cabildo es solo el banderazo de salida. La verdadera carrera está en llevarlo a las calles, y para eso se necesitan tres cosas: infraestructura digna, tecnología inteligente y la participación de nosotros, los ciudadanos. Si falla uno de estos pilares, el reglamento se queda en un bonito deseo. La infraestructura es lo más visible y, a menudo, lo más caro. Si las reglas dicen que el peatón es primero, necesitamos banquetas amplias y sin obstáculos, rampas para sillas de ruedas, cruces bien pintados y seguros, y buena iluminación. Para los que usan la bici, se necesitan ciclovías seguras y conectadas, no solo tramos que no llevan a ninguna parte. Y para el transporte público, carriles exclusivos que le permitan ser rápido y puntual. Esto no es un lujo, es lo mínimo indispensable para que la ley se cumpla.

El reto para los ayuntamientos es enorme, lo sé bien. En muchos municipios de México arrastramos un rezago histórico en infraestructura. Por eso, estos proyectos deben ser la estrella en los Planes Municipales de Desarrollo. Los alcaldes y sus directores de obras públicas tienen que ponerse creativos para conseguir fondos, incluso explorando alianzas con la iniciativa privada. Y no se trata solo de construir, sino de mantener. De nada sirve una ciclovía si está llena de baches o una señal de tránsito si está despintada. Un buen plan de mantenimiento es tan importante como la construcción misma, porque garantiza que la infraestructura cumpla su función: protegernos.

El segundo pilar es la tecnología. En pleno siglo XXI, querer manejar el tráfico a la antigua es como navegar con un mapa de papel en la era del GPS. El nuevo reglamento debe abrirle la puerta a los Sistemas Inteligentes de Transporte. Hablo de semáforos que se adaptan al flujo de coches, de cámaras que ayudan a gestionar accidentes y a multar a quien no respeta las reglas. La tecnología también es nuestra mejor arma contra la corrupción. Las famosas 'fotomultas', cuando se implementan bien, registran la infracción con pruebas y eliminan la discrecionalidad del agente y la tentación de la 'mordida'. La Ciudad de México ya avanza con tarjetas únicas para pagar metro, metrobús y otros sistemas; es un modelo que veremos en más ciudades y que nos hace la vida más fácil. Usar datos para saber dónde hay más choques o por dónde deben pasar las rutas de camión permite tomar decisiones más inteligentes y planear a futuro.

Y por último, pero no menos importante, está nuestra participación. Ningún cambio funciona si la gente no lo adopta. Es responsabilidad del gobierno municipal, desde el alcalde hasta el último funcionario, explicarle a la gente por qué son necesarias estas nuevas reglas. Necesitamos campañas de cultura vial claras y constantes, que nos recuerden que esto es para reducir muertes y lesiones. La educación vial debe empezar en las escuelas. Además, como ciudadanos, debemos tener canales para reportar un bache, un semáforo que no sirve o proponer mejoras. Los observatorios ciudadanos son una herramienta excelente para vigilar que las autoridades cumplan y rindan cuentas. Al final del día, la seguridad en las calles es tarea de todos. Construir ciudades más humanas es un trabajo en equipo entre el gobierno y la sociedad.

El Impacto en tu Bolsillo y Calidad de Vida: El Futuro de la Movilidad

Cuando un municipio aplica bien un nuevo reglamento de tránsito, los beneficios van mucho más allá de tener menos tráfico. El impacto se siente en la salud, en la economía local y, sobre todo, en nuestro bolsillo. Piénsalo así: un reglamento vial bien aplicado significa menos accidentes. En México, los choques y atropellamientos cuestan una fortuna al sistema de salud pública y causan un dolor irreparable a miles de familias. Cada peso que se ahorra en atender lesionados es un peso que el ayuntamiento o el estado puede invertir en mejores escuelas, parques o servicios públicos. Es una cuenta que nos beneficia a todos.

Económicamente, las ventajas son clarísimas. El tiempo que pasamos atorados en el tráfico es dinero perdido, tanto en horas de trabajo como en gasolina quemada inútilmente. Una ciudad con movilidad ágil es una ciudad más productiva. Las mercancías llegan a tiempo, las empresas gastan menos en logística y eso, al final, se puede reflejar en mejores precios para nosotros. Además, he visto cómo las ciudades que le apuestan a tener calles bonitas para caminar, con buen transporte público y espacios seguros, se vuelven un imán para el turismo y las inversiones. Recuperar las calles para la gente hace que los pequeños comercios de barrio prosperen, creando un círculo de bienestar económico. Implementar estas nuevas reglas no es un gasto, es la mejor inversión en el futuro económico del municipio.

Desde el punto de vista social, el cambio es profundo. Un reglamento que piensa en la accesibilidad permite que los adultos mayores, las personas con discapacidad y los niños se muevan con libertad y seguridad. Eso es construir una sociedad más justa. Fomentar que la gente camine o use la bicicleta no solo es bueno para el tráfico, sino que nos ayuda a combatir el sedentarismo y mejora nuestra salud. Menos coches circulando también significa aire más limpio y menos ruido, lo que se traduce directamente en una mejor calidad de vida. En resumen, un buen reglamento de tránsito es una herramienta para construir ciudades más humanas y saludables, donde la calle sea un lugar para convivir, no solo para pasar en coche.

Mirando hacia adelante, esto no para aquí. El reglamento debe ser un documento vivo, que se adapte a los cambios. La micromovilidad, como los scooters y bicis compartidas, necesita sus propias reglas. La llegada de los vehículos eléctricos es otra realidad que los municipios deben empezar a facilitar. La idea de las 'ciudades de 15 minutos', donde tienes todo lo que necesitas a un paseo de distancia, es el modelo a seguir. Los alcaldes y regidores del futuro deben tener esta visión amplia, que conecte la movilidad con el desarrollo urbano, la vivienda y el medio ambiente. El éxito dependerá de fortalecer a los equipos técnicos de planeación en los municipios y de mantener una colaboración constante con la iniciativa privada. Lo que los municipios mexicanos están construyendo hoy no solo definirá cómo nos moveremos mañana, sino que sentará las bases de qué tan prósperas, saludables y justas serán nuestras ciudades en el futuro. La tarea es grande, pero la recompensa, que es tener ciudades seguras y vibrantes para todos, lo vale. Para más información, puedes consultar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en la página de la Cámara de Diputados.