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El Laberinto Legal: Entendiendo Quién Manda en la Carretera

Para entender el problema, hay que empezar por lo básico. México es una federación, lo que significa que hay tres niveles de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. Cada uno tiene sus propias responsabilidades. Imagina que es una casa de tres pisos: cada piso tiene sus propias reglas. El problema de las carreteras es que son como un elevador que atraviesa los tres pisos, y a veces no queda claro quién debe limpiarlo o arreglarlo. En mis años como consultor municipal, he visto cómo este tema genera frustración tanto en ciudadanos como en los propios alcaldes.

La Constitución, en su artículo 73, dice que las grandes vías que conectan al país, ya sea entre estados o hacia las fronteras, son asunto del gobierno federal. De ahí nace la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Esta ley es el mandamiento principal que establece que todo lo relacionado con estas carreteras (construcción, mantenimiento, vigilancia) es de jurisdicción federal. Y para que esa ley se aplique en el día a día, existe un 'manual de operación' muy importante: el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal. Este documento es el que le dice a la Guardia Nacional División Caminos cómo debe actuar, qué multas poner y qué se puede o no se puede hacer en esas vías. Es la regla del juego.

Cuando la Carretera Federal se Convierte en la Calle de tu Colonia

Aquí es donde la cosa se complica. Una carretera federal, como la México-Querétaro o la que va de Monterrey a Saltillo, no siempre está en medio de la nada. Con el crecimiento de las ciudades, muchos de estos tramos han sido 'abrazados' por la mancha urbana. Legalmente, ese pedazo de asfalto sigue siendo federal, pero en la práctica, se convierte en la avenida principal de una ciudad. Es la calle que usas para ir al súper, llevar a los niños a la escuela o llegar a tu trabajo.

Entonces surgen las preguntas que todo ciudadano se hace: ¿Si hay un choque menor, quién atiende? ¿El municipio puede poner un puente peatonal para que la gente no se arriesgue cruzando una vía de alta velocidad? ¿Se puede instalar un semáforo en un cruce peligroso? La respuesta legal, según el reglamento federal, suele ser 'no' o 'necesitas un permiso especial de la Federación'. Esto crea un conflicto de visiones. La Federación, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ve esa carretera como parte de una red nacional que debe ser rápida y fluida. Pero el alcalde y sus regidores la ven como una calle que debe ser segura y funcional para sus vecinos.

La Ley y la Realidad: El Reto para tu Municipio

El reglamento federal está pensado para el tránsito de largo recorrido, no para la vida de barrio. Por ejemplo, prohíbe construir accesos directos a la carretera para no frenar el tráfico, pero esto puede dejar aislada a una nueva colonia o a una zona industrial que el municipio necesita para generar empleos. La buena noticia es que la ley no es completamente ciega a esta realidad. Contempla la posibilidad de firmar 'convenios de colaboración'. Esto significa que un ayuntamiento puede negociar con la SICT para que le 'cedan' la responsabilidad de administrar el tramo que pasa por la ciudad. Sin embargo, esto no es automático. El ayuntamiento tiene que ser proactivo. El alcalde, junto con su equipo, debe presentar estudios técnicos y demostrar con datos por qué es necesario adaptar ese tramo federal a la vida urbana. Conocer a fondo este reglamento no es un lujo para un funcionario municipal, es una herramienta fundamental para poder negociar y defender los intereses de su gente. La falta de este conocimiento deja al municipio atado de manos y al ciudadano con la percepción de que a su gobierno no le importa resolver los problemas que tiene enfrente.

Un alcalde mexicano en una reunión de trabajo con regidores y directores de obras públicas, analizando planos de infraestructura vial y de un ayuntamiento.

El Impacto en tu Ciudad: Más Allá de los Baches y el Tráfico

Cuando una carretera federal atraviesa un municipio, las consecuencias van mucho más allá de un simple dolor de cabeza administrativo. Impacta directamente en la calidad de vida, la seguridad y hasta en el bolsillo de los ciudadanos. Desde mi experiencia, he visto cómo esta 'doble jurisdicción' puede paralizar el progreso de una comunidad si no se maneja con inteligencia y proactividad.

1. Seguridad: Una Tierra de Nadie.
Este es el problema más urgente. Imagina que hay un accidente en el tramo federal que cruza tu ciudad. Lo más seguro es que la primera patrulla en llegar sea la municipal, porque es la que está más cerca. Sin embargo, legalmente, los policías municipales a menudo no pueden hacer más que acordonar el área y esperar a la Guardia Nacional. He estado en reuniones donde directores de seguridad pública municipal expresan su frustración: 'Llegamos en tres minutos, pero tenemos que esperar una hora a que llegue la autoridad federal para mover los carros y liberar el tráfico'. Esa espera no solo es un caos vial, es un riesgo para todos. La coordinación es clave, pero muchas veces es deficiente. El municipio debe conocer el reglamento federal al dedillo para establecer protocolos claros con la Guardia Nacional y que la colaboración sea fluida, no una improvisación en medio de una crisis.

2. Desarrollo Urbano: Una Cicatriz de Asfalto en la Ciudad.
Muchas veces, la carretera federal actúa como una barrera, una verdadera cicatriz que parte a la ciudad en dos. Un ayuntamiento puede tener un plan magnífico para construir un nuevo parque, una unidad deportiva o una zona de viviendas, pero si para llegar ahí hay que cruzar la vía federal, el proyecto se topa con un muro burocrático. El reglamento es muy estricto para dar permisos de nuevos accesos, retornos o puentes. ¿Por qué? Para no afectar la velocidad de la carretera. Pero esto puede frenar el desarrollo. Me tocó ver un caso en el que la construcción de un hospital se retrasó más de un año porque el permiso para el acceso desde la carretera federal no llegaba. Instalar servicios básicos como agua, drenaje o fibra óptica también se vuelve una odisea de permisos y especificaciones técnicas. El regidor de obras públicas se convierte más en un gestor ante la Federación que en un constructor, y los ciudadanos solo ven que las obras prometidas no avanzan.

3. Finanzas y Economía: ¿Quién Paga la Cuenta?
Aquí la relación es de amor y odio. Por un lado, la carretera atrae negocios como gasolineras, restaurantes y hoteles, que pagan impuestos y generan empleos, lo cual es bueno para el municipio. Pero, por otro lado, genera gastos que nadie quiere absorber. Por ejemplo, ¿quién debe pagar la cuenta de luz del alumbrado público de ese tramo? ¿Quién debe limpiar los acotamientos o barrer las banquetas? Legalmente, podría no ser responsabilidad del municipio, pero en la práctica, los vecinos le reclaman a su autoridad más cercana: el alcalde. Así que el ayuntamiento termina pagando la cuenta para evitar el costo político. Otro punto sensible son las multas. El municipio no puede multar por exceso de velocidad en esa vía, pero los ciudadanos ven pasar autos a toda velocidad y culpan a la policía local de no hacer nada. Es un desgaste constante para la administración municipal, que invierte recursos sin tener el control total de la situación.

Soluciones Reales: Cómo los Municipios Pueden Tomar el Control

Frente a este panorama, que puede parecer desalentador, no todo está perdido. Un ayuntamiento no tiene por qué ser un simple espectador de lo que ocurre en su propio territorio. Con estrategia, conocimiento y voluntad política, es posible pasar de la queja a la acción. El objetivo no es pelearse con la Federación, sino colaborar de manera inteligente para que las reglas federales se adapten a la realidad local. He acompañado a varios municipios en este camino y las soluciones, aunque requieren esfuerzo, existen y funcionan.

1. La Herramienta Clave: Los Convenios de Colaboración.
La propia ley federal abre la puerta a la solución más efectiva: los convenios. En palabras sencillas, es un acuerdo formal en el que el municipio le dice a la SICT: 'Dame permiso de administrar este tramo de carretera que ya es una avenida de mi ciudad. Yo me encargo de la vigilancia, de poner semáforos, de la señalización y del mantenimiento'. Para lograrlo, el ayuntamiento debe hacer su tarea y presentar un proyecto bien armado, que incluya:

  • Un diagnóstico claro: Con datos duros. Cuántos carros pasan, dónde ocurren los accidentes, cómo afecta la carretera a los negocios y colonias cercanas.
  • Una propuesta de solución: Explicar qué se va a hacer y cómo. Por ejemplo, proponer un nuevo reglamento de tránsito para ese tramo, con límites de velocidad más bajos y cruces peatonales seguros.
  • Demostrar capacidad: Asegurar que se tienen los recursos (tránsitos, patrullas, presupuesto) para hacerse cargo de la responsabilidad.

Es un proceso que requiere que el equipo del alcalde (jurídico, obras públicas, seguridad) trabaje unido. No es fácil, pero los municipios que lo logran, como ha pasado en varias ciudades del Bajío y del norte del país, transforman por completo la seguridad y la movilidad en esas zonas.

2. Pensar Juntos: La Planeación a Futuro.
La mejor solución es la que evita el problema. En lugar de esperar a que la ciudad crezca y 'se coma' a la carretera, los municipios deben incluir a la SICT y a la Guardia Nacional en sus planes de desarrollo desde el principio. Cuando se esté diseñando una nueva zona industrial o un gran desarrollo de viviendas, hay que sentar a los funcionarios federales en la mesa. Es mucho más fácil ponerse de acuerdo sobre dónde poner un puente o un retorno en un plano que cuando ya hay cientos de familias viviendo ahí. Esto es vital en las zonas metropolitanas, donde una misma carretera cruza varios municipios. La colaboración intermunicipal es fundamental para presentar un frente común ante la Federación.

3. Mirando hacia Adelante: Infraestructura Inteligente y Adaptable.
El mundo está cambiando y la infraestructura también debe hacerlo. Los municipios con visión de futuro ya no solo discuten sobre baches, sino sobre electromovilidad, vehículos autónomos y logística inteligente. ¿Dónde se van a poner las estaciones de carga para autos eléctricos en las carreteras? ¿Cómo se van a adaptar los tramos urbanos para el día que los autos se manejen solos? Los alcaldes deben buscar que sus municipios sean parte de estos proyectos piloto en colaboración con la Federación. Además, el cambio climático es una realidad. La infraestructura federal que cruza las ciudades debe ser resiliente, diseñada para soportar inundaciones o calores extremos que afectan la vida local. Al final, la clave es pasar de una relación de conflicto a una de gobernanza colaborativa. Se trata de poner al ciudadano en el centro, sin importar si el problema está en una calle municipal o en un tramo de asfalto federal.